Califica el proyecto de reforma de “chantaje sindical” y remite sendas cartas a la CNMC y a la Comisión Europea
Diario del Puerto
No va a haber paz en la estiba portuaria en España. Al menos de momento. Ni siquiera el borrador de nueva reforma legislativa adelantado la semana pasada por Diario del Puerto va a traer por ahora seguridad jurídica.
El viernes, la patronal Asoport anunció la movilización de todas sus baterías jurídicas para frenar la reforma planteada por el Gobierno ante las máximas instancias, es decir, la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con el envío de sendas cartas alertando de lo que a su juicio esconde la iniciativa del Gobierno, que comenzó a sustanciarse el jueves con la PNL presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista.
Según Asoport, la PNL aprobada en el Congreso y la propuesta de un nuevo real decreto ley “parte de dos falsedades: que las empresas forman parte del CPE por propia voluntad y que las empresas permanecen como socias del CPE por propia voluntad”, algo que a su juicio se produce “por el chantaje de la huelga” de los sindicatos, que según Asoport tiene una “manifiesta voluntad de mantener el monopolio de la oferta de mano de obra e impedir su liberalización”.
Para esta patronal, el objetivo del real decreto ley en marcha es “ajustar la ley al convenio, no al revés, para sortear las observaciones que ha hecho la CNMC al borrador del V Acuerdo Marco de la estiba y las sanciones impuestas respecto del IV Acuerdo Marco”.
Mutualista
“Para ello, se acude al concepto que ha defendido el sindicato Coordinadora: la naturaleza supuestamente mutualista de la sociedad, con el forzado objetivo de extraer de este concepto una serie de obligaciones laborales para las empresas estibadoras” en una “burla a la sentencia del TJUE”, afirma Asoport, que destaca que lo propuesto conllevaría “en la práctica graves daños en el funcionamiento diario de los CPEs”.
De esta forma, el citado borrador de real decreto ley supondría, según la patronal de estiba, “limitar las dos principales conclusiones de la sentencia del TJUE y las dos libertades básicas que, para cumplir esta sentencia, introdujo la reforma de la estiba de 2017: la libertad de contratación de estibadores y la libertad de formar parte o no de una SAGEP/CPE”.
Desde Asoport también se advierte que el borrador de real decreto ley también introduciría “restricciones a la posibilidad de una empresa estibadora de salir de una SAGEP/CPE al dar soporte legal a soluciones de subrogación”.
Incumplimiento
“La conclusión por tanto es que España se sitúa de nuevo en el incumplimiento de la sentencia del TJUE de diciembre de 2014. Mal momento para desafiar a las instituciones europeas con los fondos Next Generation por venir”, asegura Asoport, que además alerta de que “no existe ninguna razón de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ que justifique que el Gobierno deba acudir al excepcional recurso normativo de un Real Decreto-ley”.
Asoport anunció el viernes que va a dirigir sendas cartas con estas denuncias a la Comisión Europea y a la Comisión de la Competencia y de igual forma se va a dirigir al Gobierno.
Coordinadora respalda la reforma
A través de un comunicado de prensa, Antolín Goya, coordinador general del sindicato mayoritario de estiba Coordinadora, expresó el viernes su satisfacción “por el amplio apoyo obtenido por parte de los grupos políticos”, presentes en la Comisión de Transportes Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, a la PNL sobre la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los Centros Portuarios de Empleo (CPE).
Antolín Goya estimó que la PNL es “un paso muy importante para culminar el proceso de reforma de la actividad portuaria con garantías de seguridad jurídica y salvar cualquier impedimento encaminado a la firma del V Acuerdo Marco del sector, acordado entre la patronal y sindicatos”.
Goya agradeció a los diputados su análisis de la situación y el hecho de “no dejarse influenciar por una parte minoritaria del empresariado que solo busca la confrontación y la inestabilidad en los puertos”, en clara referencia a Asoport.
Apoyo mayoritario a la PNL tras la transaccional del Grupo Popular
La proposición no de ley con la que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha dado el pistoletazo de salida a la nueva reforma del régimen jurídico de la estiba, fue respaldada mayoritariamente el jueves por la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados.
Tal y como avanzó el viernes diariodelpuerto.com, la PNL, "sobre la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los centros portuarios de empleo establecidos en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para la mejora de la seguridad jurídica de la actividad de manipulación de mercancías en el ámbito portuario" fue respaldada por la Comisión de Transportes con 32 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra.
Eso sí, para ello fue decisiva la presentación por el Grupo Parlamentario Popular de una enmienda transaccional que negoció con el Grupo Parlamentario Socialista y que, según el portavoz parlamentario del GPS, César Ramos, "completa y enriquece el texto".
En concreto, con respecto al texto inicial, los dos añadidos esenciales propuestos por el PP y aceptados por el PSOE son que la reforma se lleve a cabo “sin alterar la configuración general del régimen actual” y “garantizando el cumplimiento de los pronunciamientos de la Comisión Europea”.
La iniciativa parlamentaria va en la línea de dotar a los centros portuarios de empleo de “carácter mutualista”, impulsando la aprobación de un real decreto ley cuyo borrador ya avanzó el martes Diario del Puerto y que plantea que cada empresa perteneciente al CPE deberá firmar un “contrato marco” con el propio CPE, que contemplaría todos los acuerdos de cada empresa en material laboral, de organización del trabajo o subrogación.