La petición formal del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de trasladar la sede de Puertos del Estado a Valencia ha situado en el candelero el debate sobre si tiene sentido o no que el ente gestor del sistema portuario estatal esté en una ciudad portuaria en vez de en Madrid, si bien supone, por encima de todo ello, abrir un nuevo capítulo en el imperioso pero aplazado debate sobre el modelo de gobernanza portuaria en España.
Diario del Puerto
Hay que destacar, en primer lugar, que la petición por escrito de Puig al presidente del Gobierno se produce en plena digestión de la revolución implementada por Pedro Sánchez en el ejecutivo y lo que ello comporta de alteración de los siempre complejos equilibrios de poder.
Según distintas fuentes consultadas por este Diario, a nadie se le escapa que, desde la óptica autonómica, el cese por sorpresa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes ha dejado descolocado a Puig, que consideraba al ya exministro como un baluarte de la Comunitat al frente de un Ministerio de los más relevantes y en los que la Generalitat tiene importantes intereses.
Además, lejos de ser relevado por alguien del mismo entorno, a Ábalos le ha sustituido una destacada dirigente del PSC, la exalcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, es decir, con la etiqueta de lo que se conoce en Madrid como “cuota catalana”.
Ministrables
A esto hay que unir, por un lado, que el ministrable de Puig como representante de la “cuota valenciana” era, según fuentes consultadas, el conseller Arcadi España, y no precisamente la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, nombrada ministra de Ciencia.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana, alentada por algunos de los ámbitos empresariales más destacados de la Comunitat, defendió ante Ábalos tras las últimas elecciones el nombramiento en Puertos del Estado de un presidente valenciano. A la espera de la decisión definitiva de la nueva ministra Sánchez sobre la composición de su equipo, el mero cambio de Ábalos sitúa al actual presidente de OPPE, Francisco Toledo, ante un posible relevo, temor que no puede obviarse a la hora de sumar razones para explicar por qué Ximo Puig se ha descolgado con la petición formal de traslado a Valencia de la sede de Puertos del Estado.
Una petición que en otras circunstancias podría pasar desapercibida, si bien dada la compleja realidad de pactos y compromisos que maneja el presidente Pedro Sánchez, cualquier proposición en esta línea puede ser considerada plausible siempre que ello pueda beneficiar a los intereses concretos del presidente del Gobierno según cada circunstancia.
Además, peticiones de este tipo pueden no tener respuesta directa pero sí compensatoria, y contribuir por ejemplo a que Francisco Toledo sea confirmado en el cargo mientras el debate sobre la ubicación de Puertos del Estado se va o no sustanciando.
Lo cierto es que, según las fuentes sectoriales consultadas por este Diario, los primeros interrogantes que suscita la petición de Ximo Puig tienen que ver con lo factible de trasladar un organismo en el que trabajan diariamente cerca de 160 profesionales; un organismo que coordina 28 autoridades portuarias que encuentran en Madrid un punto equidistante para reunirse y tratar sus asuntos, más allá de las nuevas oportunidades telemáticas potenciadas con la pandemia; y un organismo que depende del MITMA, cuya sede nadie plantea que no pueda estar, como el conjunto de la Administración general, en otros sitio ahora mismo que no sea Madrid.
A partir de aquí, más allá de que estos escollos pudieran salvarse, resulta inevitable vincular el tema de la sede de Puertos del Estado con el necesario y aplazado debate sobre el modelo de gobernanza portuaria, ahora mismo acuciado por las demandas de gobiernos como el vasco, que por un lado propone que Pasaia deje de ser puerto de interés general para integrarlo en las competencias autonómicas, así como que se cedan las competencias como puerto de interés general de Bilbao, misma propuesta que se defiende desde el gobierno de Catalunya con sus puertos.
En este debate tercia ahora Ximo Puig para reclamar para su comunidad no la gestión de las autoridades portuarias de Valencia, Castellón o Alicante, sino directamente el traslado a la Comunitat del organismo rector de todos los puertos, OPPE, lo que, mientras los puertos de interés general sigan siendo competencia del Estado, es seguro que no sería bien visto ni por Euskadi, ni por Catalunya, ni por supuesto por la mayoría de comunidades autónomas costeras, incluida Andalucía, que por cierto acoge al primer puerto de España por volumen de mercancías, Algeciras, según las fuentes consultadas.
La pregunta pertinente aquí es por qué Valencia y no cualquier otra ciudad portuaria, lo que nos lleva directamente al debate sobre las verdaderas intenciones de acoger en el propio territorio un ente de este tipo que, como se percibe desde ciertos ámbitos empresariales, no puede ser otro que el gozar de una mayor capacidad de influencia y poder en las decisiones del Organismo, algo también que podría ser cuestionable desde muchos ámbitos logísticos.
La Generalitat Valenciana ha perdido con Ábalos un baluarte en un ministerio clave, con un relevo por una ministra del PSC lo que, de partida, puede poner en riesgo la presidencia valenciana de OPPE por la que tanto luchó Puig
OPPE EN CIFRAS
Entidad: Organismo Público Puertos del Estado.
Ingresos de Explotación 2020: 38,66 millones de euros.
Resultado 2020: 7,86 millones de euros.
Gastos de Personal 2020: 9,9 millones de euros.
Plantilla media 2020: 137,8.
Las palabras de Ximo Puig
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, lanzó su propuesta sobre la ubicación de la sede del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) durante su intervención el pasado miércoles en la clausura de la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
En concreto, las palabras de Puig fueron: “Ya he pedido formalmente por carta al Gobierno de España que Puertos del Estado esté en la Comunitat Valenciana, porque me parece que desde luego estaría mejor ubicado aquí o en cualquier otro ámbito de costa que en Madrid”.
Puig puso Puertos del Estado como ejemplo de “este centralismo ineficiente que absorbe recursos y drena riqueza”.
Posteriormente, en su nota de prensa la Generalitat Valenciana aseguró al respecto de la intervención del presidente Puig que este había señalado que “no es comprensible que este organismo, que coordina y controla la eficiencia de los puertos de titularidad estatal, se sitúe a 350 kilómetros del mar”, por lo que “ha remitido una carta al presidente del Gobierno en la que le insta a ubicar la sede del organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la Comunitat Valenciana”.
Mientras que Euskadi y Catalunya pelean por la cesión de las competencias de sus puertos de interés general, la Comunitat Valenciana reclama directamente el traslado de OPPE
A la espera, TODAVÍA, del Marco Estratégico
Más allá o no de la pertinencia de debatir sobre la ubicación física de la sede de Puertos del Estado, cualquier reflexión al respecto se antoja adecuada dentro de la reflexión que tiene el sistema portuario español sobre su modelo de gobernanza.
Dentro de la elaboración del nuevo Marco Estratégico con horizonte 2030, se entendió que este debate, necesariamente profundo y repleto de aristas, no podía ser concretado en el referido Marco y que era necesario afrontarlo con calma y desde todas las perspectivas, tomando además como referencia las experiencias de otros países.
Por eso, al respecto el Marco se centró en la creación de un Observatorio de la Gobernanza, encargado de coordinar e impulsar el debate.
Ahora bien, de sobra es conocido que el Marco Estratégico debía haber visto la luz a finales de 2020, luego en el primer trimestre de 2021 y más tarde en la primera mitad de 2021, plazos todos ellos superados pues el documento sigue a la espera de su firma como orden ministerial por parte ya, desde el pasado lunes 12 de julio, de la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Totalmente concluido el proceso de redacción por Puertos del Estado desde finales de 2020, el documento ha encallado en el farrogoso proceso de consultas al resto de ministerios y administraciones implicadas.
Ábalos dejó el cargo sin firmar la referida orden ministerial. Veremos si Raquel Sánchez puede acelerar la firma, su aprobación y que se abra el debate sobre la gobernanza.
EL PRECEDENTE DE LA CMT
El debate sobre la descentralización de la Administración y la reubicación de determinadas estructuras o departamentos en otras ciudades o regiones no es nuevo en España y tiene una larga tradición que entronca con la política de cesión de competencias a las comunidades autónomas.
En esta línea, en los últimos años lo más habitual han sido las diversas propuestas para que determinadas ciudades españolas acogieran sedes de organismos europeos e internacionales.
Más espinoso ha sido siempre el traslado de entidades o departamentos históricamente ubicados en Madrid como capital de España, tanto por razones políticas como por razones de índole laboral.
Aún así, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente hizo bandera de esta cuestión en el marco de la reforma de los distintos estatutos de autonomía y la demanda de descentralización por parte de comunidades como Catalunya.
A este respecto, Zapatero llegó a un acuerdo con el presidente catalán Pasqual Maragall para comenzar a dar paso en esta descentralización, eligiéndose como punto de partida la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), un ente que gozaba de cierta independencia con respecto a otros servicios de la Administración Central y, por lo tanto, se entendía que era fácilmente trasladable.
Aprobado por Consejo de Ministros en diciembre de 2004, el 17 de febrero de 2005 se aprobó por parte de la CMT el traslado, que se culminó a finales de 2005. Fue denunciado por la Comunidad de Madrid y por diversos trabajadores, declarando el Tribunal Supremo en 2006 nulo el cambio de ubicación.
En 2013 se creó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Con sede en Madrid, en ella se integró la CMT, resolviéndose la cuestión de su ubicación.
El Supremo anuló en 2006 el traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, posteriormente integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia