La reforma de los Centros Portuarios de Empleo vivirá en el Senado su último asalto

Escrito el 29/12/2021
CtmValencia Somt


La reforma de los Centros Portuarios de Empleo vivirá en el Senado su último asalto


Diario del Puerto

Tal y como viene informando Diario del Puerto, la reforma legislativa de los Centros  Portuarios de Empleo (CPE) se considera por el actual Gobierno, por la patronal ANESCO y por el sindicato Coordinadora como la culminación del proceso de reforma de la estiba, que arrancó en 2017 y que debe ahora concluir con una reforma indispensable para dotar al sistema de las garantías jurídicas suficientes que permitan ratificar el nuevo convenio colectivo (V Acuerdo Marco) y, con ello, aplicar en toda su dimensión las nuevas reglas de juego.

Esta reforma de los CPE está siendo tramitada como una enmienda al “Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”, herramienta de último recurso empleada por el Gobierno para acelerar su tramitación, tras renunciar a la vía del real decreto ley.

Este Proyecto de Ley fue  aprobado con competencia legislativa plena el pasado 14 de diciembre por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que ya ha remitido el texto al Senado, donde aún está pendiente su entrada formal.

Vivirá por tanto esta reforma su último asalto en la Cámara Alta donde, según fuentes consultadas, la oposición, con el Partido Popular a la cabeza, intentará convencer a otros grupos de modificar su redacción inicial, en línea con la postura defendida por la patronal Asoport.

En el Congreso, el texto de reforma, que como es sabido consagra los CPE como “empresas de propiedad conjunta de base mutualista”, sólo ha sufrido, tal y como adelantó Diario del Puerto, una única modificación, relativa a la exclusión de las actividades complementarias del ámbito específico de los CPE. De manera implícita, con la modificación incluida en el debate de “ponencia”, las tareas complementarias -que por ley no tienen consideración legal de servicio portuario, sino de servicio comercial- quedan fuera del ámbito específico de los CPE y, por tanto, no quedan contempladas para la consecución del objetivo de contribuir al mantenimiento del empleo y garantizar la ocupación efectiva del personal del centro portuario de empleo. Con esta modificación, la enmienda para la reforma de los CPE, dentro del referido Proyecto de Ley, fue aprobada en el Congreso con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Vasco (EAJ-PNV) y con la abstención de los Grupos Popular, VOX y Plural.

Durante el debate, la diputada popular Ana María Zurita acusó el Gobierno de impulsar esta reforma “por la puerta de atrás y sin consenso”, alertando de que no cuenta con pronunciamientos al respecto ni de la CNMC ni de la Comisión Europea. Por su parte, desde el Partido Socialista, el diputado Sánchez Jodar defendió que la reforma es “fruto de las negociaciones, del trabajo y del diálogo constante y del acuerdo de este Gobierno con los sectores de la estiba implicados”.

Queda ya por tanto como última estación el Senado, donde está por ver si el Grupo Popular recaba apoyos para nuevas modificaciones del texto.

 

Dos años de excepcionalidad convenial

Este sábado 1 de enero de 2022 se cumplirán dos años desde que los convenios colectivos en el sector de la estiba portuaria pasaron a ser nulos de pleno derecho en todo lo que sea contrario a la legislación de estiba vigente, con motivo del real decreto ley de liberalización sectorial de 2017 y el resto de normas complementarias aprobadas con carácter subsiguiente.
Como quiera que en la práctica totalidad del sistema portuario español a excepción de Barcelona no se ha firmado convenio colectivo alguno desde la entrada en vigor de estas normas, los convenios anteriores a la liberalización cumplen dos años ya de caducidad sin que todavía se haya logrado proceder a su renovación.
Y es que para ello se considera fundamental la aprobación de la reforma legislativa de los centros portuarios de empleo, herramienta que debe validar el contenido del V Acuerdo Marco para las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, que también lleva ya dos años firmado y sin posibilidad de aprobación, primero por los reiterados informes contrarios de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y después por el retraso en esta reforma de los CPE, que busca dar garantías jurídicas al contenido pactado en el convenio.
El Gobierno finalmente no se atrevió a aprobar un real decreto ley con esta reforma,  por miedo a no poder justificar su urgente necesidad, y lo está tramitando como enmienda a un proyecto de ley de protección de los consumidores que ya superó la fase del Congreso, pero que aún no tiene entrada oficial en el Senado. Se espera que esto se produzca a primeros de enero y que se active una tramitación que, eso sí, aún podría conllevar su regreso al Congreso si se acepta cualesquiera nueva enmienda, con lo que ello llevaría de aún más retraso.
Hasta que no vea la luz esta reforma, no se dará carta de naturaleza formal al V Acuerdo, no se firmarán los convenios subsiguientes en cada puerto y no se pondrá punto y final a la actual situación de excepcionalidad convenial en la estiba.